Los mal llamados Tratados de Bucareli y la rebelión delahuertista de 1923

 

Entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923, los comisionados estadounidenses Charles Beecher Warren y John Barton Payne, así como sus homólogos mexicanos Ramón Ross y Fernando González Roa, se reunieron en la Ciudad de México en el número 85 de la calle Bucareli para “alcanzar un entendimiento satisfactorio” entre México y Estados Unidos, con el propósito de negociar la Convención de Reclamaciones Especiales para la resolución de las demandas de ciudadanos estadounidenses provenientes de actos revolucionarios en México en el periodo del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920; la Convención de Reclamaciones Generales, que se refería a las quejas de ciudadanos de cada país en contra de del otro, desde 1868, y un “entendimiento mutuo” para los asuntos relacionados con el subsuelo y cuestiones agrarias mexicanas que condicionarían, fundamentalmente, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, interrumpidas desde 1920. Diecinueve juntas o sesiones se llevaron a cabo entre los comisionados de ambos países, fungiendo como secretarios, por los estadounidenses, L. Lanier Winslow, que contó con un auxiliar, H. Ralph Ringe, y por los mexicanos, Juan Urquidi, quien no contó con auxiliar.

En lo formal, las reuniones de estos comisionados tuvieron la intención de crear tres acuerdos. Uno, el documento sobre la Convención Especial de Reclamaciones, dos, el texto de la Convención de Reclamaciones Generales, y tres, las minutas o actas que establecían los acuerdos o disquisiciones relativas a temas como el subsuelo o la cuestión agraria, que debían certificarse. Los primeros dos acuerdos debían ser ratificados por los ejecutivos y los Congresos de ambos países, mientas que los acuerdos de las minutas, luego llamados “acuerdos extraoficiales”, serían solamente certificados por los ejecutivos.

En conjunto, estos acuerdos o negociaciones darían la pauta para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que, en lo político, significaban un convenio entre el presidente estadounidense Warren G. Harding y su homólogo mexicano, Álvaro Obregón, para que este último recibiera el reconocimiento diplomático y, por ende, la solución formal que sirviera de base para la agenda bilateral, aunque su significado político tuviera otras connotaciones para ambos países.

Las reuniones celebradas, así como sus causas y consecuencias en lo formal, legal, diplomático o político han recibido el nombre de “conferencias”, “convenios”, “acuerdos”, “negociaciones”. Todas estas definiciones pueden ser válidas, aunque sus significados han variado dentro de la historiografía sobre el tema que, por lo demás, ha sido desde el enfoque testimonial, aportado por protagonistas y testigos, el académico relacionado con el derecho, la historia o el periodismo, sobre todo en lo que se refiere a lo político y lo diplomático. Todos coinciden, sin embargo, en la supeditación y la desventaja que tuvieron esas reuniones para el gobierno mexicano, el cual, ante la búsqueda del casi necesario e indispensable reconocimiento diplomático, tuvo que aceptar la injerencia política de Estados Unidos en asuntos internos de México, fundamentalmente por poner en la mesa de discusión de las citadas reuniones el análisis de temas sensibles, como la aplicación del artículo 27 constitucional en lo relacionado a la cuestión agraria y del subsuelo; la aplicación retroactiva de la ley establecida en la Carta magna de 1917, con todo lo que implicaba en la aplicación del Derecho Internacional; el pago de la deuda externa mexicana, que involucraba al Comité Internacional de Banqueros, con sede en Nueva York, ya con acuerdos anteriores, signados en el convenio entre Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda, y el presidente del Comité, Thomas J. Lamont, en 1922 en Nueva York, el sistema impositivo vinculado a las exportaciones del petróleo mexicano; las deudas por el sistema ferroviario con que contaba el país, dependientes de empresas americanas; la reforma agraria aplicada a propiedades de ciudadanos estadounidenses en beneficio de los campesinos mexicanos, política considerada como “confiscatoria” por los comisionados estadounidenses; el crédito internacional necesario para la reconstrucción económica del país, que tuvo un acuerdo previo en 1922, el cual no se respetó en aquel momento.

Los llamados Tratados de Bucareli representaron, desde entonces, una “leyenda negra” de la política y la diplomacia mexicana del obregonismo. Todas las versiones indicaban que, además de los temas abordados, se habían celebrado acuerdos “extraoficiales” que dañaban la soberanía nacional, lesionaban la Constitución de 1917, supeditaban a México al marco de influencia financiera y económica estadounidense y, lo peor, que comprometían al país en su desarrollo económico y político interno para el futuro. Todo se debía a la necesidad del reconocimiento diplomático, que daría por resultado el apoyo financiero, militar, tecnológico y político de Estados Unidos al gobierno de Obregón y, con ello, de la comunidad internacional.

Existen todavía algunas interrogantes que hay que contestar para romper, en definitiva, la “leyenda negra” de dichos recuerdos, que aún ahora son inquietantes para la interpretación histórica, pero también para las versiones periodísticas o provenientes del análisis jurídico y, sin duda alguna, para el conocimiento histórico: ¿Qué acuerdos se celebraron entre los comisionados de ambos países?, ¿qué fue lo que se firmó en realidad?, ¿en qué consistieron los acuerdos en concreto, fuera de la interpretaciones políticas del momento?, ¿existieron los “pactos extraoficiales”?, ¿qué relación se dio entre los acuerdos y la política interna mexicana?, ¿qué relación hubo entre estos acuerdos y la rebelión delahuertista que fracturó al triunvirato sonorense?, ¿qué alcances tuvieron los acuerdos inmediatamente después?

En primer lugar, las pláticas llegaron a acuerdos en lo que se refería a la Comisión Especial de Reclamaciones, que abarcó los siguientes puntos: 1) Se incluían todas las reclamaciones realizadas contra México, por ciudadanos, corporaciones, compañías o asociaciones de Estados Unidos, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades durante revoluciones o disturbios que ocurrieron en México en el periodo comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920; 2) Las reclamaciones que se examinaron fueron las que provinieron de cualquier acto de un gobierno de jure o de facto; de fuerzas revolucionarias establecidas al triunfo de su causa gobiernos de jure o de facto, o fuerzas revolucionarias contrarias, como aquellas procedentes de la disgregación de las mencionadas o fuerzas federales disueltas o provenientes de motines o tumultos; 3) La Comisión quedaba constituida por un miembro nombrado por el presidente de Estados Unidos, otro designado por el presidente mexicano, y el tercero presidiría la Comisión por acuerdo mutuo entre las partes; 4) Todas las reclamaciones debían ser presentadas dentro de los dos años contados desde la fecha de su primera junta; y 5) La cantidad adjudicada a los reclamantes debía ser pagada e moneda de oro o su equivalente por el gobierno mexicano a gobierno estadounidense.

En segundo lugar, se llegó a acuerdos puntuales en cuanto a la Convención de Reclamaciones Generales, que atendía las “reclamaciones de los ciudadanos de cada país en contra de otros, a partir de la firma de la Convención de reclamaciones de julio 4 de 1868, fundamentalmente en el Derecho Internacional que se sostenía en “la justicia y la equidad” que postulaba como base la actuación de la comisión Mixta de Reclamaciones firmada entre México y Estados Unidos en 1868. La Convención General dictaminaría los presentados y decidiría sobre los casos atrasados entre ambos países. Esta Convención, además, incluía la evaluación de la Convención Especial.

Ambas Comisiones se instituían como cortes especiales, y favorecían que el gobierno mexicano garantizara los derechos de los ciudadanos estadounidenses, sin la firma de un Tratado de Amistad y Comercio entre México y Estados Unidos, lo que era irregular de acuerdo con la Constitución de 1917. Sin embargo, ambas instituciones establecían como efecto de las pláticas, como una condición sine qua non, que permitía el reconocimiento diplomático de Estados Unidos al gobierno mexicano encabezado por Álvaro Obregón.

Las discusiones de los comisionados, además, se centraron en puntos demasiado sensibles para los mexicanos, como los asuntos de los ferrocarriles, el petróleo y la cuestión agraria, que involucraron la aplicación legal de la Constitución de 1917 y sus leyes reglamentarias futuras. Precisamente, sobre estos temas discutidos, se llegó a acuerdos firmados en las minutas, considerando las apreciaciones de los comisionados quienes defendieron sus puntos de vista con claras diferencias de apreciación e interpretación de las leyes mexicanas o de los acuerdos anteriores celebrados entre Estados Unidos y México. El conocimiento posterior de estas disquisiciones fue lo que originó las variadas versiones sobre la “leyenda negra” de las conversaciones de Bucareli que, además, nunca se establecieron como acuerdos formales entre ambos países, ni se ratificaron por sus Congresos, como lo establecía la legislación diplomática, aunque sucedía lo contrario con respecto a las Convenciones de Reclamaciones, que sí necesitaban ratificación.

Las discusiones entre los representantes abundaron en temas y problemas delicados para la política interna mexicana, lo que comprometió, sin duda, al gobierno obregonista ante la opinión pública, sus detractores y adversarios. Temas como la aplicación retroactiva del artículo 27 constitucional; el impuesto sobre contratos y exportaciones petroleras; la devolución de los ferrocarriles a sus antiguos propietarios; la repartición de ejidos; las restricciones de propiedad a lo largo de las costas y fronteras mexicanas a los extranjeros; las restricciones de los derechos religiosos: las reclamaciones no solucionadas a favor de los estadounidenses; las disputas fronterizas a lo largo del río Bravo; las dificultades en torno al pago de la deuda exterior mexicana y el futuro de la celebración de un Tratado de Amistad y Comercio entre ambos países representaron el centro de las discusiones que, tan pronto como fueron firmadas en las minutas, involucraron al gobierno mexicano en “pactos extraoficiales” que posteriormente no se llevaron a cabo, pero que se transformaron en el “talón de Aquiles” de la discusión pública a favor del obregonismo y su policía exterior o en su contra, involucrando, sin duda, a la política interior mexicana.

En materia petrolera, los comisionados llegaron a los siguientes acuerdos: 1) Respeto por la retroactividad del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional para los casos en que se hubiera celebrado un “acto positivo” o una manifestación de explotar el subsuelo; 2) Intención del reconocimiento del gobierno mexicano, en el presente y en el futuro próximo, de los derechos sobre el subsuelo de todos aquellos que hubieran llevado a cabo cualquier “acto positivo”, como era el caso de las compañías petroleras; 3) Concesión del gobierno mexicano de un derecho de preferencia, con exclusión de terceros, a los propietarios de superficie que hubieran celebrado los así llamados “actos positivos”; 4) Reconocimiento al gobierno estadounidense de su derecho para hacer reservas de todos los derechos de sus ciudadanos, en relación con el subsuelo, y al gobierno mexicano respecto a tierras en las cuales no se hubiera realizado un “acto positivo”.

Sobre la cuestión agraria, se establecieron acuerdos también, muy comprometedores; 1) Acerca de la división de tierras, no hubo una declaración especial, porque se incluyó en un apartado de “reserva de derechos” del gobierno estadounidense, debido a que el Congreso mexicano no había expedido hasta el momento una ley reglamentaria por la cual se autorizara crear deudas agrarias con otros gobiernos; 2) La aceptación de bonos en pago de tierras para ejidos no mayores a 1 755 hectáreas, que fueran o hubieran sido propiedad de ciudadanos e intereses estadounidenses, no constituyendo un precedente aplicable a otras tierras o propiedades de esos ciudadanos; 3) Disposiciones generales de los bonos que se utilizarían en pago de tierras expropiadas, en referencia a la emisión, interés anual y amortización; 4) Con la reanudación de relaciones diplomáticas y la ratificación de la Convención General y Especial de Reclamaciones, se incluía la promesa de que el gobierno estadounidense se comprometía a que sus ciudadanos aceptaran bonos en pago de tierras para ejidos, no mayores de 1 755 hectáreas; 5) Los ciudadanos estadounidenses, poseedores de propiedades o derechos dañados por injusticias provenientes de la expropiación de tierras para ejidos, tendrían el recurso de presentar sus quejas ante la Convención General de Reclamaciones; 6) El gobierno mexicano se comprometía a vigilar por la inmediata restitución de propiedades y derechos confiscados indebidamente durante la revolución a intereses y ciudadanos estadounidenses; 7) Cuando la expropiación tuviese lugar, por concepto de la aplicación del artículo 27, en lo referente a la restitución, fraccionamiento de latifundios, anulación de títulos u otros, en estos casos no podrían ser afectados los derechos e intereses estadounidenses, sino mediante una compensación “justa”.

Los “pactos extraoficiales” en materia petrolera y agraria representaron el compromiso “moral” del presidente Obregón para detener o, por lo menos, retrasar, la aplicación de las disposiciones de la Constitución de 1917 en tales materias y, con ello, lograr el ansiado reconocimiento diplomático del gobierno estadounidense, antes de que su gobierno concluyera. Ambas partes firmaron los acuerdos formales, como las comisiones de reclamaciones, y las conclusiones de los “pactos extraoficiales”, a inicios de septiembre de 1923, ya que los ejecutivos de ambos países los aprobaron.

El destacado internacionalista Isidro Fabela, de entre los muchos especialistas en Derecho Internacional o analistas de la política exterior mexicana, fue quien mejor resumió los resultados de los acuerdos de Bucareli y su significado político y diplomático, tanto en lo formal como en lo “extraoficial”, años después, por supuesto que con una postura contraria, concluyendo:

 

(…) la obligaciones que México contrajo eran claramente contrarias al Derecho Internacional y que, se así lo hizo, “eso se debió únicamente al deseo que Obregón tenía par que se reconociese su gobierno”. (…) Obregón compró el reconocimiento de su gobierno y el afecto pagó el siguiente precio:

1.     Se acordó que el artículo 27 constitucional no era retroactivo y a ese efecto, la “Suprema Corte” dictó cinco ejecutorias consecutivas y uniformes. De esta manera, se retardó la independencia económica de México con graves perjuicios para nuestro país y el consiguiente beneficio de los accionistas en el extranjero.

2.     El gobierno de México permitió que se sometieran a la Comisión General de Reclamaciones de ciudadanos norteamericanos provenientes de la expropiación de tierras. Consistió, asimismo, en pagar, en efectivo, las tierras que se expropiasen en exceso de las mil setecientas cincuenta y cinco hectáreas y, en bonos, aquellas que no alcanzasen esta cifra. Por consiguiente, y por el mero hecho de que a los ciudadanos norteamericanos se otorgó un recurso legal que desde el principio se negó a los ciudadanos mexicanos, se estableció una situación de desventaja para éstos que nunca debía haberse permitido. Ya se está pagando a los ciudadanos norteamericanos el importe de las tierras que le fueron expropiadas, en tanto que a los mexicanos no solamente no se les da un centavo, sino que,  además, se les niega el recurso judicial.

3.     México admitió, en la Convención Especial de Reclamaciones, su responsabilidad por los daños causados por la revolución. “El derecho internacional no admite responsabilidad semejante”.

4.     México admitió indemnizar a los ciudadanos norteamericanos por todos los daños sufridos por los mismos desde 1868, hasta un año después de celebrada la primera junta de la comisión de Reclamaciones. Este plazo fue prorrogado posteriormente.

5.     “Resulta innecesario decir que un gobierno más enérgico y más digno, se hubiera negado a aceptar esas condiciones.

 

Los llamados Tratados de Bucareli representaron una cuausal para el logro del reconocimiento estadounidense al gobierno de Álvaro Obregón, aunque esto implicó una tormenta política en el seno de la élite del poder encabezada por el llamado “triunvirato sonorense”, que, independientemente de las razones internas vinculadas al proceso de sucesión presidencial, colocaron a los acuerdos en el leit motiv de una ruptura anunciada que mezcló, indiscutiblemente, a la política exterior con la política interior de México.

La celebración de las pláticas de Bucareli en mucho se debió al interés del presidente Obregón por llegar a un acuerdo que condujera al reconocimiento diplomático inmediato, influido por la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, quien se había opuesto a los convenios que el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, había celebrado en Nueva York con los banqueros internacionales encabezados por Thomas Lamont en 1922, quienes no habían solucionado el problema del reconocimiento diplomático, sin embargo, propusieron un acuerdo relacionado con la deuda externa mexicana que evitó la celebración de un Tratado de Amistad y Comercio propuesto por el gobierno estadounidense en 1921, ampliamente desventajoso para México. La organización y desarrollo de las pláticas no incluyeron al secretario de Hacienda, aun cuando en ellas se abordarían temas que De la Huerta ya había negociado con el gobierno estadounidense.

De la Huerta siempre sostuvo que no fue informado sobre las conferencias de Bucareli, tanto en su etapa de preparación, como en los temas que se estaban abordando y, mucho menos, sobre las intenciones “secretas” que el presidente intentaba abordar con los estadounidenses para el logro del reconocimiento. La primera noticia que tuvo al respecto fue mediante la lectura de un diario neoyorquino, cuando se encontraba en Hermosillo, Sonora, en abril de 1923. Alertado por este comunicado, De la Huerta le escribió al presidente Obregón, reafirmando que había logrado la aceptación de la política obregonista, la cual involucraba a los estadounidenses y sus demandas, sin ninguna objeción, sobre todo, en cuanto a la ratificación y cumplimiento de la deuda pública, la confirmación de los derechos petroleros adquiridos antes de 1917, el avalúo real o comercial de las tierras propiedad de estadounidenses para que fueran pagadas justa y equitativamente. De acuerdo con De la Huerta, la negociación de estas cuestiones ya se había realizado en Washington al más alto nivel, permitiendo que se procediera a la reanudación de las relaciones diplomáticas. Era improcedente que se volvieran a discutir estos asuntos, lo que favorecería la exigencia estadounidense en torno a la celebración de un Tratado de amistad y Comercio, como preliminar para el reconocimiento, cuestión que debía rechazarse en definitiva.

El presidente respondió de inmediato a De la Huerta, afirmándole que la celebración de las conferencias de Bucareli no implicarían, de ninguna forma, compromiso alguno para el gobierno y que sólo se realizarían para un “cambio de impresiones” entre ambos gobiernos. Tanto el presidente como el secretario de Relaciones Exteriores, sin embargo, fueron reservados e impidieron involucrar al ministro de Hacienda en la organización y puesta en marcha de las conferencias, que fueron a puerta cerrada y casi en total sigilo.

De la Huerta siguió manteniendo su postura de que el gobierno mexicano debía ser reconocido sin condiciones, acuerdos o negociaciones adicionales a las celebradas durante 1922, ya ratificadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos, pues de lo contrario, se lesionarían los procesos de reglamentación del artículo 27 constitucional, la política petrolera y la reforma agraria, retrasando incluso la negociaciones y acuerdos logrados en lo que se refería a los ferrocarriles mexicanos.

Durante los meses en los que se desarrollaron las pláticas entre los comisionados, De la Huerta no fue informado del estado de las conversaciones, mucho menos sobre los acuerdos o desacuerdos en temas puntuales ya abordados por el secretario en Estados Unidos un año antes.

El ministerio de Hacienda, ante el silencio oficial al respecto y la negativa del presidente de que se estuvieran celebrando compromisos lesivos o ya concertados, solicitó la información pertinente directamente al comisionado mexicano, Fernando González Roa, en concreto, la copia de las minutas, durante las primera semana de agosto de 1923.

De la Huerta, sorprendido, manifestó en sus memorias:

 

           Comencé a leerlas y al principio un poco tranquilo porque creía que no era mala la orientación; pero a medida que adelantaba, veía cómo iban perdiendo terreno los nuestros y cómo los delegados Warren y Payne iban imponiéndose y nulificando toda nuestra legislación, declarando además que el artículo 27 no se iba a aplicar retroactivamente y que los americanos se reservaban el derecho de recurrir al amparo diplomático, cuando el artículo 27 establece que todo propietario en México, en cuestiones de tierras, renuncia a la protección de su país y todas las irregularidades que contienen los arreglos, además de que protocolizado todo, eso ya venía a constituir el tratado previo que yo había conseguido no celebrar en mis platicas con Harding y con Hughes y volvía así a imponérsele a México la condición de un tratada para que pudiese ser reconocido, tratado en el cual estaban estipuladas todas esas cláusulas que vulneraban nuestra soberanía y afectaban nuestra legislación, al grado de que echaban por tierra nuestra Constitución. De hecho, no quedaba ya la Constitución rigiendo para los extranjeros.

 

De la Huerta se sintió marginado de las negociaciones que se emprendían después de haber leído las minutas, que pronto se convertirían en acuerdos, dos formales y uno informal. De inmediato se entrevistó con el Presidente Obregón, a quien manifestó que se estaba mancillando la Ley y que se estaba cayendo en serias responsabilidades de “traición a la patria”, a lo que Obregón contestó que eran “quisquillosidades” y que no quería que su “gobierno pasara a la historia como no reconocido por los países civilizados del mundo”, que no daría “marcha atrás” porque al cargo se encontraban personas especialistas que estaban realizando los acuerdos, es decir, el ministro Pani y los representantes comisionados. De la Huerta, disgustado, manifestó al presidente que renunciaría al cargo de ministro de Hacienda, pues no sería copartícipe de la actuación presidencial en lo que se refería a esas negociaciones y acuerdos.

A partir de entonces, el rompimiento entre De la Huerta y el presidente era un hecho contundente, no sólo por la diferencias en torno a los acuerdos de Bucareli, sino a otros hechos en las relaciones políticas que tenían que ver con el proceso de la sucesión presidencial y el enfrentamiento político entre varios grupos, uno a favor de De la Huerta, otro en apoyo a Plutarco Elías Calles. La renuncia del ministro de Hacienda comenzó a ser un secreto a voces durante septiembre, luego de que el presidente informó al Congreso de la Unión sobre el reinicio de la elaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y la ratificación de los acuerdos de Bucareli en Washington.

De la Huerta dictó su renuncia a su secretario particular, Froylán Manjarrez, quien la guardó en su bolsillo para entregársela al presidente en otra de sus entrevistas en el Castillo de Chapultepec. Obregón le pidió que solicitara licencia hasta el 1 de noviembre, pero el todavía ministro se negó. Fue deseo de De la Huerta que el documento quedara en manos del presidente. Copia del documento, según narra en sus memorias, quedó en las oficinas de su domicilio, a donde acudió Martín Luis Guzmán, director del periódico El Mundo, quien, al verla, la hizo pública el 22 de septiembre, cuestión que contravino la promesa verbal que De la Huerta había dado a Obregón de no hacerla pública. Según el propio De la Huerta, Obregón, indignado, ordenó entonces a Alberto J. Pani elaborar un informe detallado acerca de la Secretaría de Hacienda, cargo en el que fue nombrado a partir del 26 de septiembre, y que presentara al ex ministro como causante de la bancarrota gubernamental de la finanzas públicas, así como el quebranto que significarían los convenios anteriores relacionado con la deuda externa mexicana. Este hecho aceleró la ruptura de De la Huerta con el presidente y, obviamente, con los secretarios de Gobernación,  Plutarco Elías Calles, y el nuevo de Hacienda, Pani. De hecho, Calles y Pani se unieron para reforzar la ruptura entre De la Huerta y el presidente, como resultado de aquel informe, presentado y hecho público el 19 de octubre, cuyas consecuencias se expresaron en comparecencias ante el Congreso y justificaciones reiterativas del ex ministro.

Las circunstancias políticas por las que el país pasaba en los meses en los que se celebraban a puerta cerrada las conferencias de Bucareli acumularon las causales del rompimiento de De la Huerta con el presidente Obregón y, por ende, representaron el “caldo de cultivo” de la rebelión. La aceptación o el rechazo de la candidatura presidencial de De la Huerta, en pláticas sostenidas con el presidente y el secretario de Gobernación, o declaraciones públicas que negaban esa posibilidad ante la avalancha de apoyos de organizaciones cooperativistas, fueron una característica del comportamiento del ministro de Hacienda durante esos meses.

El disgusto de De la Huerta por las conferencias en Bucareli era evidente en la opinión pública. Bucareli representó un acontecimiento fundamental de la ruptura del triunvirato sonorense, que mezcló la política exterior con la política interior. A esto deben sumarse otros acontecimientos políticos que, mezclados con el proceso de sucesión, conllevaron al levantamiento delahuertista: el asesinato de Francisco Villa en julio de 1923; las elecciones gubernamentales de San Luis Potosí en agosto; las elecciones en Zacatecas y Nuevo León; la ruptura del líder del Partido Cooperatista, Jorge Prieto Laurens, con el presidente en la contestación al informe presidencial del 1 de septiembre, donde lo acusaba de querer imponer al general Calles como candidato oficial; la actitud de apoyo de Calles para con el presidente después de la renuncia de De la Huerta al ministerio de hacienda; tres supuestos intentos de asesinato en contra del ex ministro; las presiones de los diputados y líderes cooperatistas para que De la Huerta lanzara su candidatura presidencial con el apoyo y el debate en torno a la controversia Pani-De la Huerta por los informes del 19 de octubre, que en los siguientes días involucró también al Congreso de la Unión.

Los meses de octubre y noviembre de 1923 fueron de ajetreo político por el conflicto que, en definitiva, encabezaba De la Huerta. Por fin, el 20 de noviembre, el Partido Cooperatista, presidido por Jorge Prieto Laurens, luego de los resultados de la Convención para elegir candidato a la presidencia, dio a conocer que Adolfo de la Huerta aceptaba formalmente la candidatura. Sus declaraciones se concentraron en señalar que la aceptación de la candidatura tenía que ver con la respuesta ante los “cargos calumniosos” que se le formulaban, es especial, en contra de su actuación como secretario de hacienda y su oposición a los llamados acuerdos de Bucareli, que derribaban sus negociaciones con Washington para el logro del reconocimiento diplomático sin condiciones y objeciones a la política interna mexicana. Asimismo, reveló la imposición de Calles en las preferencias del presidente para la candidatura oficial así como los actos que lesionaban la soberanía de los estados en varios procesos electorales, en los que el propio De la Huerta se vio mezclado por su relación con los cooperatistas comandados por Jorge Prieto Laurens.

El 7 de diciembre se dio a conocer la Declaración Revolucionaria de Adolfo de la Huerta en Veracruz, donde se acusaba al presidente obregón de violar permanentemente la “soberanía del pueblo”, mediante el fraude electoral en Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo león, Coahuila y Michoacán en elecciones legislativas y ejecutivas. Igualmente, acusaba al presidente de romper con el equilibrio de poderes interviniendo en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el logro de sus fines en la relaciones del centro con los estados, o para imponer la candidatura oficial de Plutarco Elías Calles. La violación de libertades públicas y los principios constitucionales eran la causa principal del manifiesto delahuertista que daba inicio a la rebelión.

El manifiesto delahuertista hacía referencia a siete logros fundamentales: 1) el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes, fueran nacionales o extranjeros, 2) La reglamentación inmediata del artículo 123 constitucional, para el logro de las prerrogativas de los obreros y las obligaciones de los patrones; 3) La resolución del problema agrario, mediante la aplicación del artículo 27 en todas sus partes, en referencia directa a lo supuestamente pactado en Bucareli; 4) El respeto a la “soberanía del pueblo” en los procesos electorales de los estados; 5) Emprender reformas constitucionales para la abolición de la pena de muerte, excepto en casos de traición a la patria; 6) el otorgamiento del sufragio a la mujer; y 7) La intensificación nacional de la educación.

La rebelión obedecía mucho más a razones de política interna, que de relación con la política diplomática vinculada a las Conferencias de Bucareli y sus resultados, aunque la clara alusión al artículo 27 en materia agraria tenía en mucho que ver con los acuerdos.

Ya el 27 de noviembre, el Senado aprobó, con dos tercios de los votos, la Convención Especial de Reclamaciones, pero no así la Convención General, que se discutiría en reunión extraordinaria en enero de 1924. El advenimiento de la rebelión delahuertista urgía al presidente Obregón para la aprobación y, con ello, recibir el apoyo del gobierno estadounidense para combatir a los rebeldes mediante la compra de armamento y pertrechos. En un principio, los senadores González Garza, Pedro de Alba, Gersayn Ugarte, Francisco Field Jurado y Andrés Magallón se opusieron a la ratificación, pues consideraban que se le daban muchas concesiones al gobierno estadounidense, se lesionaba la “dignidad nacional” y rompían la soberanía nacional, coincidiendo con las posturas de los cooperatistas en el Congreso, pero también con las consideraciones de De la Huerta en la materia.

Los delahuertistas aparecían, desde finales de 1923, como los grandes opositores a los acuerdos de Bucareli. Conforme a la opinión pública, el reconocimiento diplomático de Estados Unidos a México favorecía la aprobación expedita de los Tratados y, por ende, el apoyo irrestricto para combatir la rebelión encabezaba De la Huerta, con el apoyo de gran parte de los mandos del ejército, los cooperatistas y miembros del Congreso de la Unión, así como gobernadores, jefes de operaciones militares y hombres fuertes en las regiones.

En este contexto, la ratificación de los Tratados de Bucareli, en especial la Convención General de Reclamaciones, siguió siendo el “talón de Aquiles” del presidente Obregón dentro del Congreso de la Unión, donde cooperatistas, obregonistas, laboristas, agraristas y callistas se enfrascaron en serias discusiones a partir de enero de 1924, el asesinato de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán; las declaraciones de Luis N. Morones contra los diputados cooperatistas en el Congreso; el asesinato del senador Francisco Field Jurado el 23 de enero, quien encabezaba la oposición a la ratificación de la Convención General de Reclamaciones; el secuestro y amedrentamiento de los senadores opuestos y las negociaciones de Aarón Sáenz, subsecretario de Relaciones Exteriores, con los opositores de la ratificación inundaron el ambiente político del país, involucrando también a la rebelión encabezada por De la Huerta.

Finalmente, a principios de febrero de 1924, la Convención General de Reclamaciones fue aprobada en el Congreso con 28 votos a favor y 14 en contra, sin que se mencionaran los famosos “pactos extraoficiales”, relativos al petróleo y a la cuestión agraria, que fue un logro de las negociaciones de los funcionarios de Relaciones Exteriores con los diputados y senadores, aunque mucho se dijo acerca de que esos pactos habían consistido en compromisos morales y personales del presidente y que no tenían validez oficial. Con la ratificación se selló, sin duda, el reconocimiento y apoyo de los Estados Unidos al gobierno obregonista, a pesar de que el contexto político de inestabilidad y enfrentamiento inundaba la vida nacional con acusaciones de antinacionalismo y antipatriotismo con que el presidente selló “pactos” inconvenientes para el país y retardatarios de la aplicación de la  Constitución de 1917, sobre todo, en cuanto al artículo 27 se refería.

El 20 de febrero, De la Huerta proclamó en Frontera, Yucatán, un manifiesto a la nación en el que remataba las razones de la rebelión, entre las que ligaba los Tratados de Bucareli y afirmaba que los avances militares oficiales se debían al apoyo estadounidense en armamento y pertrechos, y que el movimiento delahuertista era finalmente dirigido contra la “venta” de la soberanía nacional a favor del vecino país. En seguida, De la Huerta partió a Nueva York en marzo y, con ello, la rebelión quedó en manos de otros personajes, como  Cándido Aguilar. y Salvador Alvarado. De la Huerta creyó que sus contactos diplomáticos de “alto nivel”, permitirían el apoyo estadounidense a la rebelión, pero no fue así. A partir de ese momento, De la Huerta y el delahuertismo quedaron liquidados.

El debate y la polémica en torno a las conferencias de Bucareli, sin embargo, continuó, tanto en lo que se refería a las Convenciones de Reclamaciones, como en lo que se establecía en los “pactos extraoficiales”, la “leyenda negra” que por mucho tiempo permaneció en el ambiente político, diplomático y jurídico. En 1925, la reglamentación de las fracciones primera y cuarta del artículo 27 constitucional suscitó de nuevo el debate sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, tanto en el marco de la opinión pública como en las disquisiciones jurídicas, históricas y políticas; en 1927, la crisis entre ambos países, originada por la emisión de la Ley Orgánica del mismo artículo constitucional y su aplicación a las compañías petroleras estadounidenses, de nuevo se expresó en la discusión diplomática y política que incluía los temas agrarios, del subsuelo y de la retroactividad de la ley; los acuerdos del presidente Calle con el embajador estadounidense Morrow en 1928 pusieron en un impase la polémica de los acuerdos; y, finalmente, con la expropiación de las compañías petroleras en 1938, se cerró en definitiva el círculo de los discutido en Bucareli, con otro tipo de acuerdos que solucionaron la agenda bilateral vinculada a reclamaciones, pago de la deuda externa, petróleo y aplicación agraria, y donde la reivindicación del nacionalismo mexicano, frente a Estados Unidos, pareció haber sido solucionada por el presidente Lázaro Cárdenas.

A pesar de lo anterior, los Tratados de Bucareli de 1923 continuaron siendo discutidos dentro de la historiografía, la política y la diplomacia mexicana como acontecimiento vinculado al nacionalismo, a la soberanía y la independencia nacional que, por añadidura, habían sido razones de peso para la rebeldía delahuertista, que rompió la estabilidad política del país en  pleno momento de reconstrucción nacional después de la Revolución. Todavía a mediados del siglo XX, los protagonistas y testigos discutían sobre los Tratados y su significado, por su parte, los especialistas jurídicos, historiadores o políticos posrevolucionarios se enfrentaron en torno a sus interpretaciones y sus alcances.

Aún ahora, el tema sigue siendo polémico y contiene  interpretaciones encontradas, forma parte del bagaje histórico de leyendas negras y escondrijos, errores y fracasos, sujeciones y secretos, defensas patrióticas y luchas nacionalista, imposturas personalistas e imposiciones autoritarias, compromisos y promesas oscuras, que caracterizaron a la historia posrevolucionaria mexicana.

Nota: 

Este texto es una síntesis de mi libro Los Tratados de Bucareli y la rebelión delahuertista, publicado en México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009 (Colección Historia para Todos).

Otro Centenario. Creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921.

 

Con la Constitución de 1917 quedó suprimida la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Las funciones educativas quedaron en manos de los municipios, pero igual de la Universidad Nacional, que conjuntó la labor educativa con la cultural, mediante una ampliación de sus atribuciones y labores. La educación debería ser gratuita, laica y obligatoria, por lo que se requería de un organismo oficial de alto nivel que hiciera cumplir ese mandato constitucional desde el ejecutivo, siendo parte sustancial de la nueva visión de la educación pública, relacionada con el llamado “espíritu nacional revolucionario”.

El presidente Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. Los sonorenses ocuparon el poder ejecutivo, mediante el interinato de Adolfo de la Huerta, quien nombró a José Vasconcelos como Rector de la Universidad Nacional. La idea central del nuevo funcionario se concentró en un postulado fundamental para la educación pública: “La vinculación de la escuela con la realidad social”. Se emprendieron reformas destacadas en la Universidad, que fueron el cimiento desde el cual se propuso la creación de la Secretaría de Educación Pública, en una iniciativa constitucional que se realizó el 22 de octubre de 1920. José Vasconcelos fue el actor principal para emprender la creación de este organismo, con el ideal de acercar la civilización que cambiaría a México. Su ideal se basó en mucho a lo que se experimentaba en la Rusia soviética de entonces, donde la educación se planteaba involucrada con la realidad social, las artes y la cultura. La creación de la secretaría implicó un proyecto que ameritó una reforma constitucional importante, que tardó varios meses. El mismo Vasconcelos emprendió varias giras de trabajo por varios estados, acompañado de algunos diputados, con la finalidad de realizar diagnósticos con respeto a la situación de la educación en las entidades federativas.

La iniciativa prosperó hasta el 25 de Julio de 1921, cuando se publicó el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, que había sido aprobado por unanimidad en el seno de la Cámara de Diputados. El 29 de septiembre se publicó otro decreto que dio forma y estructura al nuevo organismo, que se conformó con las dependencias principales que ya existían y que pasaban a la nueva estructura, entre ellas varias que coordinaba la Universidad o los Ayuntamientos. La Universidad Nacional (con todas sus dependencias y el área de Extensión Universitaria), la Escuela Nacional Preparatoria, la Dirección de Educación Primaria y Normal (que aglutinaba a todas las escuelas primarias, secundarias, jardines de niños de todos los estados y territorios del país), la Escuela Superior de Comercio y Administración, el Departamento de Bibliotecas y Archivos, el Departamento Escolar, el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, el Departamento de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Conservatorio Nacional de Música, las Academias e Institutos de Bellas Artes en todos los estados, Fomento del Teatro Nacional, la Inspección de Monumentos Artísticos e Históricos, la Imprenta de la Nación, el sistema de propiedad literaria, dramática y artística, el cinematógrafo y las pensiones en el extranjero. Esto permitió perfilar la estructura de funciones que contaría la secretaría en el futuro.

Desde la iniciativa de creación, José Vasconcelos propuso establecer una triada de organización que ya había implementado en la Universidad Nacional en los meses previos, al establecerse dependencias como el Departamento Escolar, el Departamento de Bibliotecas y el Departamento de Bellas Artes. De esta forma, se recuperaron los ejes del antiguo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, desaparecido en 1917, con dependencias ya existentes, pero que se aglutinaban bajo otra concepción educativa y cultural. Por ejemplo, luego se organizaron dos áreas más, como las de alfabetización y la indígena, que comenzaron a operar en el arranque.

El 3 de octubre se decretó el inicio de operaciones de la nueva secretaría en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con la ley respectiva de los organismos públicos del gobierno federal. El 12 de octubre, José Vasconcelos tomó posesión del cargo como secretario de Educación Pública en el Salón Embajadores de El Palacio Nacional. No hubo un discurso que reforzara o distinguiera lo que se iba a emprender con la nueva secretaría, pero el proyecto estaba presente por su trascendencia política, social y cultural, tanto por parte del gobierno como de la opinión pública de entonces.

La campaña de alfabetización, la difusión de la lectura, el estímulo de la pintura, el teatro, la música, el deporte, los desayunos escolares, las misiones culturales, las bibliotecas, colecciones de libros, la edificación de escuelas y el incremento de la formación y contratación de profesores, más el acceso a la educación en todos los niveles y en todos los estados de la república, dieron sentido a un proyecto educativo de grandes dimensiones que, sin duda alguna, transformaron la educación para el futuro. Junto a Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Ezequiel A. Chávez, Enrique O. Aragón, Ateneo Mariano Silva y Aceves, Genaro Estrada, Alfonso Caso, Manuel Gómez Morin, Alberto Vázquez del Mercado, conformaron un equipo que participó en el proyecto desde un inicio. Varios de ellos fueron miembros del grupo cultural de los “Siete Sabios”.

El acceso a la educación en todos los niveles educativos fue una prioridad de la nueva Secretaría. La matrícula se acrecentó de inmediato en el nivel básico y medio básico, pero también en el nivel profesional. El acercamiento a la escuela se estimuló con el crecimiento del número de maestros y la infraestructura escolar. Los maestros tuvieron materiales didácticos en sus manos, colecciones de libros clásicos y la revista del maestro, además, los niños tuvieron acceso a la biblioteca para niños. Igualmente, la conexión con la vida práctica y la técnica, estimularon de inmediato el interés por la escuela y el aprendizaje en localidades y regiones de todo el país. Cultivar el intelecto, el conocimiento práctico y su vinculación social, pronto dieron grandes frutos en la historia de la educación pública. La construcción de escuelas, el mejoramiento de edificaciones, el crecimiento de las bibliotecas y los talleres, los deportes y la vida artística, dieron sentido al esfuerzo nacional por mejorar la educación del pueblo mexicano. Así lo había concebido el líder de esta cruzada desde que se trabajó en el proyecto original de la creación de esta secretaría.

Estimular la civilización y la grandeza mexicanas fue otro impulso que incidió en la identidad nacional del país. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros, participaron, mediante su pintura y estética, en ese esfuerzo titánico para levantar el “espíritu nacionalista” que requería la reconstrucción posrevolucionaria. Desde mediados de 1922, el organismo comenzó a trabajar en el edificio frente a la plaza de Santo Domingo, donde actualmente opera. La creación de la Escuela Nacional de Maestros y las escuelas rurales estimularon las vocaciones de los docentes de la nueva generación, vinculándolos también con las misiones culturales que llevaron la educación a zonas indígenas y rurales de gran parte del país.

Otra labor importante de la nueva secretaría fue la federalización de la educación. Implicó la realización de convenios y acuerdos que favorecieron la penetración en municipios y estados de la república, tanto en la esfera urbana como rural. Esto representó una labor titánica que favoreció el acceso de la educación en comunidades apartadas de las ciudades, lo que tuvo efectos en la educación rural e indígena, para su formación integral vinculada a su realidad social inmediata. En 1921 existían 200 primarias federales en el país. Más de 9, 500 profesores atendían esas escuelas. En un país con casi 15 millones de habitantes, la labor educativa era un universo infinito e imposible de cumplir en su totalidad en un corto plazo. La cifra del analfabetismo sobre pasaba las 7 millones de personas, más casi 2 millones de niños que no tenían acceso a la educación, repartidos en 2, 133 municipios, de acuerdo con el censo de noviembre de ese año. Con todo, los primeros años de la secretaría fueron un reto que se cumplió con creces, mediante los programas diseñados y la vinculación indiscutible entre la educación, la cultura y la realidad social. Las bases para la reconstrucción nacional se establecieron con el nacionalismo revolucionario que implicó una intensa labor educativa y cultural.

El impacto de la creación de la Secretaría de Educación Pública no se revirtió con la partida del gobierno de José Vasconcelos en 1923, ya que los programas continuaron con Bernardo J. Gastélum que lo sucedió en el cargo hasta el término del gobierno obregonista. El secretario de educación del nuevo gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles, José Manuel Puig Casauranc, dio otro tinte, más enfocado a la técnica, al tema de la educación nacional.

En este año de 2021, se cumplen cien años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, por eso es el año de la “educación”. El centenario serviría para reforzar los valores y principios que enaltecieron a la educación nacional en 1921, producto de los vencedores de la revolución mexicana que, también en ese año, conmemoraron la consumación de la independencia nacional. Ambas efemérides son parte de la identidad nacional.

 

 

Centenarios de 2021. Lo que se propuso y lo que no se hizo.

 

El gobierno actual anunció en una mañana fresca del 30 de septiembre de 2020, desde Palacio Nacional, las conmemoraciones oficiales de las efemérides que han marcado la historia de México para el próximo año. Igualmente, se dieron a conocer los nombres de los funcionarios públicos que conforman una comisión general de celebraciones, que cuenta con cuatro comités especializados, que, obviamente, es encabezada por el presidente de la república. La participación de los 32 estados de la república será una característica mediante actividades en 65 ciudades. Se invitarán a los 193 países miembros de la ONU, así como a 252 países que figuran en distintos organismos internacionales donde participa México. La relevancia de “la independencia y la grandeza” de México será resaltada a nivel mundial, una fiesta histórica y cívica de grandes magnitudes, donde el pasado y el presente serán unificados y fundidos para brindar esperanza al futuro. Mejor frase no pudo redactarse por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón: “los pueblos que no saben de dónde vienen no saben a dónde van”.

Vía de mientras el presidente de la república tendrá un representante en la comisión de organización, que además fungirá como coordinador general y vocero, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, que fue quien presentó el programa de festejos previstos:

 

• 14 de febrero, Homenaje a Vicente Guerrero en Cuilapan, Oaxaca, por los 190 años de su fusilamiento.

• 24 de febrero, Conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala con exposición de las banderas originales del movimiento de Independencia, que luego recorrerán 15 ciudades de diferentes estados del país, en Iguala, Guerrero, para regresar el 27 de septiembre a la Ciudad de México.

• 25 de Marzo, Día de la resistencia de los pueblos originarios, conmemorando la primera victoria contra los conquistadores, en 1517, en Champotón, Campeche.

• 3 de mayo, Ceremonia de la Cruz Parlante, fin de la Guerra de Castas, con solicitud de perdón a los pueblos mayas y de otras culturas, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

• 12 de mayo, Conmemoración de la fundación de México-Tenochtitlan, con un programa de recuperación del lago de Texcoco, en Texcoco, Estado de México. 700 años, aunque ocurrió el 13 de marzo de 1325 y se cumplirán 696 años en 2021.

• 13 de agosto, Conmemoración de la resistencia y caída de Tenochtitlan, con exposiciones, conferencias y apertura de ventanas arqueológicas, en Ciudad de México. 500 años.

• 24 de agosto, Conmemoración de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba en los que se acordó la Independencia de México y la retirada de las tropas españolas, en Córdoba, Veracruz.

• 15 de septiembre, en todo el país Grito de Independencia, con la participación de delegaciones de todos los países del mundo.

• 16 de septiembre, Desfile cívico-militar con la participación de fuerzas armadas de diferentes países, en Ciudad de México.

• 27 de septiembre, Conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia. Recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante en una cabalgata desde el Castillo de Chapultepec hasta el Zócalo, en Ciudad de México.

• 28 de septiembre, en un pueblo yaqui de Sonora Ceremonia del Perdón a los pueblos originarios.

• 30 de septiembre, Conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, en 

Morelia, Michoacán. 256 años, ya que nació en 1765.

El presidente de la república dijo que 2021 será el año de “la independencia y la grandeza de México”. De nueva cuenta insistió en hablar sobre el perdón solicitado a España y a la Iglesia católica. “Se hizo este planteamiento conocen ustedes el resultado, no descartamos que haya en parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad, se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos”. Según esto: “cuando hicimos este planteamiento se malinterpretó. Algunos dijeron, eso ya está olvidado, eso pasó hace mucho tiempo. Recientemente en Estados Unidos echaron abajo estatuas de colonizadores, y no se trata de estar de acuerdo en desacuerdos. Se trata de buscar cerrar heridas. Son asuntos que vienen de lejos. Por qué darle la espalda, por qué no tratarlos y ofrecer disculpas y reconciliarnos”.  Los españoles contestaron, de nueva cuenta, no se hará tal perdón a un acontecimiento histórico tan lejano en el tiempo, y que no se puede hacer porque es una necedad contemporánea, obvio, la utilización de un hecho histórico para la propaganda actual de un gobernante. 

Historia maniquea, sin duda, que manipula al presente diciendo una falacia grave, porque habla de confrontación y de desacuerdo donde no lo hay. Reconciliación de lo reconciliado. Hermandad que existe desde 1836 por lo menos. Juzga a la historia para utilizarla en el presente a su antojo, con una interpretación fuera de lugar, innecesaria, hasta ofensiva. Fomenta la xenofobia y xenofilia del pueblo mexicano en lo relacionado con los españoles y los extranjeros, sin duda, para pasar a la historia como un líder que sobajó a los conquistadores y a los conservadores de la Iglesia, a los extranjeros que mancillaron nuestra historia o nuestra soberanía. La percepción popular será esa.

Lo peor fue cuando dijo que sería un “gesto de mucha sensibilidad que se hiciera una referencia y reconocimiento tanto al cura Hidalgo como a Morelos. No queremos el debate acerca de si se excomulgó o no al cura Hidalgo, es un hecho que fue juzgado y es para nosotros el padre de nuestra patria”. El gobierno mexicano actual ofrecerá disculpas a los “pueblos originarios”, en especial a los pueblos mayas y yaquis. Reforzó al decir: “el perdón ayuda a la reconciliación”. El pensamiento del presidente, en lo relacionado con los pueblos originarios fue que: “Va a haber un día dedicado al perdón por los abusos, las atrocidades que se dieron con la invasión colonial y también a partir del México independiente, vamos a estar en la región maya y con los pueblos yaquis precisamente de las culturas más ofendidas, humilladas en la historia de nuestro país. Se va a exponer la grandeza de México en lo artístico, cultural. Habrá exposiciones de códices, piezas arqueológicas, pintura, música”. Hasta la guerra de castas salió a cuento, o el maltrato a los yaquis en el porfiriato. 

Como en 1921, los sonorenses hablaban de unidad y reconciliación por la revolución mexicana, necesaria para la reconstrucción nacional, ahora este gobernante habla de una reconciliación histórica de 500 años, 200 años, exige justicia histórica cuando ni en el planteamiento de los festejos sucede, como pasa con el olvido del personaje central de la consumación de la independencia, como lo fue Agustín de Iturbide, que, como en 1921, se marginó y soslayó de la historia nacional, juzgando sus actos relacionados con su violencia durante la insurgencia o su filiación con la Iglesia Católica y la monarquía. Iturbide es marginado de la propuesta de conmemoraciones, aún cuando fue firmante del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano, documentos fundacionales de la nación. En su lugar, nuevamente, se exalta la figura de Vicente Guerrero, que, obvio, tiene un mérito indiscutible, pero no es el único personaje de la independencia y de la consumación. 

Con el programa se recorrerá, según Claudia Sheimbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, setecientos años de historia de la “grandeza” de México y, además, estableció que la capital del país contará con su propia agenda. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón fue más allá en su discurso, anunciando que como nunca antes la promoción de México en el extranjero será destacadísima, para brindar, otra vez, la difusión sobre la “grandeza” del país. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, ahondó en la necesidad de traer al presente la “memoria histórica” con hechos “festivos” y “catastróficos”, solamente de esta forma se rescatará la diversidad lingüística, geográfica y cultural, sin la “discriminación”, pero sí con el “enaltecimiento” y el “fortalecimiento” de la patria. Según el plan general se tratará de “reforzar la identidad nacional” del país. Muy parecido discurso del que hace alarde la Coordinación de la Memoria Histórica, al mando de la señora del presidente.

Otros miembros de la comisión no hablaron en la presentación, como la historiadora Graciela Márquez, secretaria de Economía; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura; y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán (se les olvidó incluir la conmemoración centenaria de la secretaría que comanda). Los cuatro comités de organización serán de Reconocimientos, Monedas y Emisiones, Desfiles y Actos Militares, Cultura e Historia, Especiales, Educación y Civismo, respectivamente presididos por los funcionarios mencionados.

La falacias históricas sobre la fundación de la ciudad de México o el tema de los pueblos originarios han sido un despropósito de lo que se conmemorará en 2021. Reivindicar la historia es cambiarla y manipularla, parece ser la concepción gubernamental actual. Juzgar y mostrar los resentimientos y dictaminar los perdones demuestra una concepción parca y maniquea de la historia. Se utiliza normalmente para legitimarse y manipular a las masas, al pueblo, que suele identificarse con esas concepciones o pensamientos. En este sentido, la historia sirve de mucho.

En 1921, la Iglesia católica tuvo su propia agenda de conmemoraciones sobre el centenario de la consumación de la independencia. Los obispos y la jerarquía católica compitieron con el gobierno obregonista en la realización de actividades. La Iglesia recordó a Agustín de Iturbide, mencionándolo y favoreciendo la realización de obras biográficas sobre su participación en la independencia, claro, con el sesgo conservador y católico de entonces y, así, golpear al anticlericalismo de los vencedores de la revolución. En varias ciudades como Morelia, Zamora, Puebla y ciudad de México hubo desfiles organizados por los católicos. Para el próximo 2021, quizás la Iglesia organice actividades, aunque serán opacadas por la afrenta planteada de las disculpas oficiales que se solicitan. 

2021 ha sido un año convulso. La crisis económica, los efectos de la pandemia de salud, el proceso electoral federal, la inseguridad y la violencia, continuaron siendo un contexto inadecuado para los festejos centenarios que se anunciaron ahora. La historia nacional, sin duda, dará sal y pimienta a ese contexto tan difícil. Lo malo será tolerar las falacias y el ánimo reivindicador de resentimientos y perdones, parte de los traumas nacionales que ahora el gobernante exalta como base para brindar esperanzas de un cambio que no se visualiza ni se percibe en el panorama futuro de México. Los que crean lo contrario viven en el limbo.

No se cumplió con el programa. Lo que sí se cumplió fue el logro de una desfachatez grande en torno a la historia de México. La pirámide iluminada del zócalo para el espectáculo; discursos chafas o chuecos con personas sin representatividad oficial real o sin sabiduría de la historia; la polémica por la estatua de Cristóbal Colón y su remplazo por una cabeza que ni a olmeca llega; el intento de vociferar una unidad latinoamericana inexistente, hasta con una reunión con dictadores; conferencias ad hocpara la corrección política de la historia desde el púlpito de Palacio; discursos chafas e improvisados o conferencias en línea sin chiste, sobre la independencia y la consumación; una que otra publicación o documental con errores imperdonables, programas de radio o televisión, auspiciados con historiadores fanáticos del gobierno;  mucha palabrería, muchas ideas y hechos erróneos y una nula e inexistente re interpretación de la historia mexicana.

Una conmemoración bastante mediocre y maniquea, con pasta de maquillaje y oscuridad, muy cuarteada, hasta con errores o descuidos, como todo lo que caracteriza al gobierno en turno. Se mintieron a ellos mismos, mintieron al pueblo y no cumplieron con lo que prometieron. Todo es achacable a la pandemia, pero mucho más a la corta visión y acción que diera una creatividad para recordarle a la población el pasado de México con inteligencia y sabiduría, sin inventos y dislates.

No hay una historia oficial digna, mucho menos una historia académica a la altura de las nuevas interpretaciones, con una divulgación histórica de grandes inventos y ficciones que no ha ido más allá. La historiografía mexicana no ha estado a la altura del pasado de México, mucho menos los historiadores.

Las celebraciones de los cien años de la consumación de la independencia en 1921

 

El 24 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fue el primer documento que dio sustento legal a la independencia. Las fuerzas realistas e insurgentes lo firmaron para terminar con el largo periodo de insurgencia. Se formó el ejército trigarante o de las tres garantías, bajo tres grandes elementos: Religión, Unión, Independencia. El documento constó de 23 artículos. Fue un documento que estableció las bases para el establecimiento de una Junta Gubernativa que construiría una monarquía constitucional y emitiría las bases de la soberanía de la nueva nación.

El 24 de agosto de ese mismo año, se firmaron los Tratados de Córdoba, por parte de Agustín de Iturbide y el jefe político español Juan O´Donojú. En este documento se acordó, en 17 artículos, el reconocimiento de la independencia y la retirada de las autoridades españolas. Este documento no fue reconocido por el gobierno español, sino hasta 1836, sin embargo, dio certeza a los planteamientos del Plan de Iguala de meses atrás. 

Ambos documentos fueron la base para la emisión del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que se dio a conocer el 28 de septiembre de 1821 en Palacio Nacional, redactada por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. 33 de 38 miembros signaron ese documento tan importante.

El próximo año de 2021 se cumplirán los doscientos años de la consumación de la independencia de México. Hace cien años se emprendieron las conmemoraciones por los cien años de la consumación. Los documentos constitutivos de la patria mexicana dieron certeza a la independencia, dando fin a una guerra de diez largos años, acabando con el enfrentamiento entre realistas e insurgentes. Esto representó un factor de unidad y comunión que dieron base y cimentación a la nación mexicana. Las conmemoraciones de 1921, luego de la cruenta revolución, rescataron esos principios para la conciliación, la unidad, la reconstrucción y la comunión social popular.

Ya desde 1920 había inquietud por ciertos sectores de la opinión publica por el advenimiento de la efeméride de la consumación de la independencia. El poeta José de Jesús Núñez y Domínguez, desde la dirección de Revista de Revistas del periódico Excélsior, habló sobre la necesidad de conmemorar el centenario por parte del gobierno. El periódico El Universalhizo lo propio en la voz de Félix F. Palavicini. En enero de 1921, el Ayuntamiento de la Ciudad de México hizo lo mismo proponiendo un programa de festejos al gobierno, para recordar el acontecimiento desde el mes de septiembre. El 16 de abril, en sesión del Consejo de Ministros, quedó establecida una Comisión, que quedó integrada por el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, y el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta. La Comisión crearía un Comité ejecutivo en el mes de junio, que estuvo formado por Emiliano López Figueroa, presidente, el diputado Juan de Dios Bojórquez, vicepresidente, que fue sustituido por Apolonio Guzmán ya que el titular fue nombrado ministro de México en Honduras, el diputado Carlos Argüelles, tesorero, y Martín Luis Guzmán, como secretario. Además, figuraron en este organismo, el periodista Luis G. Malváez y el licenciado Manuel J. Sierra, como encargados de la publicidad y la propaganda.

La prensa jugó un papel fundamental en las propuestas para los festejos. Igualmente la Universidad Nacional, mediante la acción de su rector José Vasconcelos, participaría activamente en la conmemoración, desde la trinchera académica e intelectual. No sucedió así con la inclusión de la Iglesia católica, que realizó su propia agenda desde la difusión de su Carta Pastoral el 12 de Julio de 1921, que estableció la celebración de actos sobre la consumación en todas las iglesias, con un programa de actividades adicionales, avalada por la jerarquía eclesiástica y los obispos del país.

De inmediato, las festividades oficiales postularon que las intenciones eran que se recuperaría el carácter popular y nacional de la celebración, buscando la cooperación de todas las fuerzas políticas y de los sectores sociales “revolucionarios” y “oficiales”, ya que no se querían unas celebraciones “elitistas” o “aristocráticas” como las de 1910. La verdad, es que en gran parte de los eventos participaron empresarios y miembros de la élite política y económica de la ciudad de México, principalmente, extranjeros, que apoyaron al gobierno obregonista.

El Comité Ejecutivo realizó la solicitud de propuestas y recursos a las 28 entidades del país. Estimuló que el Ayuntamiento de la ciudad de México remozara y arreglara las calles, las plazas, parques y edificios públicos, planeando incluso la fundación de varios en algunos barrios de la ciudad. Se giraron infinidad de invitaciones a los gobiernos y medios de prensa de otros países, principalmente de Estados Unidos y los países hispanoamericanos. Se trataba también de buscar la “amistad y fraternidad” de Hispanoamérica, dando prestigio a los logros del gobierno obregonista, que para los festejos apenas cumpliría nueve meses en el poder. En el extranjero, principalmente en varias ciudades estadounidenses o en Brasil se organizaron exposiciones de arte popular mexicano.

Las celebraciones por la consumación iniciaron el 15 de septiembre con la ceremonia del grito. 24 representantes diplomáticos fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente Álvaro Obregón. Todos dieron discursos, que el presidente respondió marcando valores y principios de la independencia mexicana, rescatando el pasado prehispánico, colonial y contemporáneo del país. Hubo también delegados de prensa, sobre todo, estadounidenses, que reseñaron sobre la celebración. La propaganda mexicana en el extranjero fue intensa, ya que el gobierno obregonista buscaba el reconocimiento diplomático de Estados Unidos con ahínco y obsesión. La procesión en homenaje a los héroes de la independencia se dio el 14 de septiembre, como preámbulo a los festejos, lo que representó un aperitivo cívico importante.

Antes y durante los festejos existía la polémica en torno a la figura de Agustín de Iturbide. El oficialismo rechazó la idea de festejar la presencia emblemática de este personaje central de la consumación de la independencia, por ser un personaje conservador, monárquico e identificado con la Iglesia. Antonio Ramos Pedrueza, en una conferencia brindada en la Escuela Nacional Preparatoria el 13 de agosto de 1921 y luego la publicación de un libro, rescató la figura de Iturbide, cuestión que le valió el cese de la Universidad por orden del rector Vasconcelos, previo a los festejos. Más bien, el gobierno se inclinó por exaltar la figura de Vicente Guerrero, como el “gran libertador” de México. Hasta en la Cámara de Diputados hubo una discusión para quitar el nombre de Iturbide de sus paredes y reemplazarlo por el de Guerrero. No se programaron actos que implicaran resaltar a Iturbide, también fue eliminado de los discursos del presidente.

En cambio, la Iglesia, en la agenda de sus festejos, resaltó la figura de Iturbide, como un personaje central del logro de la independencia. Hasta se enviaron a escribir libros para resaltar su figura, como los realizados por intelectuales eminentes del momento, como Francisco Elguero, Nicolás León, Leopoldo Batres, Federico Gamboa, Francisco Bulnes, Antonio Caso, José López Portillo y Rojas, José de J. Núñez y Domínguez, Manuel Mestre, Rafael López, Guillermo Obregón. Los actos organizados por la Iglesia en varias ciudades del país resaltaron la figura de los “libertadores”, incluido Iturbide. 

La propaganda gubernamental se reforzó en plenos festejos con la realización de películas que reseñaron las actividades, como Las fiestas del centenario, producida por Salvador Toscano; Los grandes y solemnes festejos del centenario, de la International Pictures Co.; y Las grandes fiestas del centenario de Ediciones Camús, que se dieron a conocer poco después. Igualmente, resaltaron los proyectos de arte. Los artistas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que participaron en la realización de la Noche Mexicana y en la Exposición de Arte Popular Mexicano, destacaron, como Adolfo Best Maugard en la escenografía, y el Dr. Atl, Montenegro, Enciso y Ricardo Gómez Robledo en la Exposición. Otros artistas fueron incluidos en las actividades de la Universidad Nacional, como Xavier Guerrero, Alba de la Canal y Fernández Ledesma.

Las publicaciones oficiales destacaron el pasado prehispánico con obras de autores alemanes, Hermann Beyer o Franz Boas, o mexicanos como Ramón Mena y Nicolás Rangel. En el marco de la inauguración del Parque España, el Ayuntamiento entregó la publicación sobre la “Iconografía de los gobernantes de la Nueva España” y la Cédula Real, que publicó el Archivo Municipal dirigido por Francisco Gamoneda. Conferencistas disertaron sobre las artes coloniales, la arquitectura, las letras y las ciencias, como Manuel Romero de Terreros, Luis R. Ruiz, Norberto Domínguez y el propio Francisco Gamoneda. Se tuvo la intención de la creación del Panteón de los Héroes de la Independencia. Se publicaron también obras de Servando Teresa de Mier y de Agustín Rivera y Sanromán, que ahondaron sobre el proceso de la independencia. En honor al periodismo independiente se llevaron a cabo conferencias sobre Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante y Joaquín Fernández de Lizardi, que realizaron Miguel Martínez Rendón, Nicolás Rangel e Ignacio B. Del Castillo, miembros de la Academia Mexicana de la Historia. 

Conciertos, conferencias, kermeses, exposiciones, concursos literarios, fotografías, bailes, teatro, música, trajes típicos, ópera, danzas, comida, carros alegóricos, inauguración de parques y jardines, murales, pintura, corridas de toros, honores cívicos, exaltaron el mexicanismo prehispánico y los logros de la independencia. El programa incluyó instituciones, sindicatos, organizaciones, escuelas y organismos empresariales extranjeros. La colonia francesa, la comunidad alemana, los españoles y las comunidades latinoamericanas participaron activamente en varios actos. La inauguración de los parques Lira, España y la fiesta charra en la colonia Anzures, en la ciudad de México, fueron estimuladas por la comunidad de extranjeros. El antropólogo Manuel Gamio encabezó la vista de los invitados extranjeros a Teotihuacán. La fiesta de las flores en Xochimilco fue también muy colorida. En el marco de los festejos se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública, el 12 de octubre de 1921, encabezada por José Vasconcelos, lo que fue muy significativo.

El 27 de septiembre fue la celebración principal en la ciudad de México, con carros alegóricos, homenajes oficiales a los héroes de la independencia, jura de bandera, maniobras aéreas, fiesta mexicana, exposiciones artísticas, iluminaciones y amplios discursos. Todo se filmó ese día.

La Iglesia, por su parte, emprendió actividades celebratorias en Puebla, Michoacán, Ciudad de México, con actos litúrgicos en prácticamente todos los obispados y capitales del país. La Iglesia se consideraba parte de la historia de la consumación, por lo que exaltó a Agustín de Iturbide como un personaje fundamental de ese momento. Organizaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Asociación de las Damas Católicas, los Caballeros de Colón, ayudaron en las conmemoraciones, del lado de la Iglesia, con alta resonancia en ciudades católicas por excelencia, como Morelia, Zamora o Puebla. 

El mexicanismo fue resaltado en las conmemoraciones de 1921. El origen prehispánico de la mexicanidad fue exaltado a partir del arte popular y el folklor, incluyendo varias publicaciones de estudiosos sobre el periodo prehispánico. Además, se distinguieron a los grandes personajes de la independencia y la insurgencia, desde Miguel Hidalgo hasta Vicente Guerrero, marginando de la historia nacional a Agustín de Iturbide. Los actos cumplieron con su cometido, enlazando los temas de la conciliación y la unidad de la “nueva familia revolucionaria” en el poder, vencedores de la revolución y resaltando el nacionalismo que caracterizaba la reconstrucción nacional en todos los órdenes, bajo la conducción del caudillo por excelencia de la revolución, el presidente Álvaro Obregón. 

Las conmemoraciones de los cien años de la consumación de la independencia fueron factor de unión e imagen de la revolución mexicana hecha gobierno. El país se encontraba experimentando una crisis económica, una convulsión social, una inestabilidad política, un problema por la falta de reconocimiento diplomático y un mareo cultural, que tuvieron que atajarse con las conmemoraciones, que fueron organizadas con rapidez y no contaron con suficientes recursos financieros para su ejecución, pero que, sin embargo, se realizaron para distinguir un momento fundacional de la nación mexicana, que se estableció a partir del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano, documentos representativos de la patria. A cien años de distancia, las conmemoraciones tendrán un gran reto para el año 2021, que esperemos que el gobierno actual sepa sortear y emprender como se merece la efeméride, sin maniqueísmos, maquillaje o falacias de interpretación para los ciudadanos mexicanos del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumación de la independencia. Sermones, Discursos, Prensa. A propósito de Jaime Olveda, La consumación de la independencia…

 

Tres grandes volúmenes compilados por el historiador Jaime Olveda,[1]contienen sermones, discursos patrióticos y artículos de prensa sobre el tema de la consumación de la independencia de 1821. Las visiones hacen un recorrido inmenso de pareceres sobre la historia de la consumación, sus personajes centrales, sus documentos, episodios que le marcaron. La revisión de las formas en que se interpretó la consumación, incluso comparada con el inicio de la gesta independiente de 1810, se destaca por medio de la compilación de los significados, para cada momento histórico, de su expresión sobre todo ideológica, pero también histórica. Si el iniciador de la independencia fue Miguel Hidalgo y Costilla, el continuador y consumador fue Agustín de Iturbide. La historia de la insurgencia fue determinada por la acción de Iturbide, hasta el momento clave de 1821, que concluyó con la insurrección por medio de los documentos fundamentales de la nueva patria mexicana: El Plan de iguala, los Tratados de Córdoba y la Acta de la Independencia del Imperio Mexicano.

16 de septiembre de 1810, 27 de septiembre de 1821; dos fechas, dos héroes, dos momentos fundamentales de la nación mexicana. La clave de los discursos y de la prensa se centraron en este debate patriótico que finalmente cristalizó, siempre, por reconocer ambas fechas fundacionales como el arranque de la identidad nacionalista por dos siglos. 

El primer volumen hace un recorrido por los sermones y los discursos patrióticos que se dieron luego de 1821. Los documentos refieren a los abordajes ideológicos, patrióticos, cívicos, biográficos e identitarios que dieron sentido y trayectoria a la independencia y a la consumación. Las tres garantías de la Religión, la Unión y la Independencia, símbolos también de la bandera trigarante (blanco pureza de la religión, verde la independencia, rojo la unidad), fueron exaltados después como los grandes valores que el ejército trigarante, que entró a la ciudad de México en septiembre de 1821, y los firmantes del Acta del Imperio Mexicano, representaron para el establecimiento del país, luego de once años de enfrentamientos entre realistas e insurgentes, que representó una guerra casi interminable en muchas regiones. En algunos casos se privilegió al inicio de la guerra de independencia mediante la exaltación de Miguel Hidalgo, en otros a Agustín de Iturbide como el consumador. Ambos “padres” de una patria naciente. Uno bueno, otro malvado, pero padres al fin para el pueblo.

La exaltación de Miguel Hidalgo fue hecha por los liberales y republicanos. No quisieron reconocer a Agustín de Iturbide como el emancipador por excelencia de la independencia realmente. El Plan de Iguala fue el primer documento que emancipó a México de España, que contenía un proyecto de nación, con una conciliación que no fue fácil, entre la insurgencia y los realistas. Escribir ese documento fundacional representó un reto de conciliación y de unión, con un planteamiento que unía a los insurgentes, representados por Vicente Guerrero, y a los españoles realistas, como el mismo Agustín de Iturbide, pero igual la unidad con la Iglesia católica y el Ejército. Las condiciones se dieron para, de una buena vez, emancipar y unir lo que hubiera que unir para el establecimiento de una patria y una nación, cuyo sistema de gobierno ya se planteaba como una monarquía constitucional. Este planteamiento, sin embargo, fue en contra de los liberales republicanos que luego dieron al traste con el funcionamiento del primer Imperio y el mismo asesinato de Iturbide.

El primer volumen que comento es muy importante para el conocimiento histórico de cómo, a través del tiempo, se ha visto la figura histórica de Agustín de Iturbide. Como bien dice el compilador:

 

Este libro reúne 30 discursos pronunciados sobre el 27 de septiembre con el fin de comprender un tema espinoso aún y que ha mantenido divididos a los mexicanos desde hace 200 años: la fecha en la que debe celebrarse la independencia. Como se sabe, la historiografía oficial de esencia liberal no reconoce a Agustín de Iturbide como el autor de esta empresa, sino a Vicente Guerrero, por lo que el calendario cívico no incluye este día como fiesta nacional. En el llamado mes de la patria conmemoramos el 16 como el Día de la Independencia, en el que se pronuncian ardientes discursos que vitorean únicamente a los iniciadores de la insurrección de 1810, y se lee el Acta de Independencia que redactó el congreso de Chilpancingo en 1813. La repetición de esta ceremonia ha hecho que los mexicanos crean que la emancipación se logró cuando el cura de Dolores se levantó en armas y que en esta fecha tuvo lugar el nacimiento de la nación, lo cual constituye un grave error histórico. México es el único país de Hispanoamérica que no reconoce a su libertador por razones ideológicas, que si antes encontraron cierta justificación, ahora ya no. (Vol. 1, p. 45, 46)

 

Parece ser que ni con los festejos programados por los 200 años de la consumación de la independencia se reivindicará o, al menos, analizará, la figura de Agustín de Iturbide. El prejuicio ideológico e histórico sigue latente, incluso entre el gremio de los historiadores profesionales, ya ni se diga en el campo de la divulgación o de la historia oficial, que continúan ocasionando y estimulando un error histórico grave. Estos libros permiten, sin duda, subsanar en algo marcando las consideraciones e interpretaciones que a lo largo del siglo XIX se fueron dando en torno a Iturbide y su tiempo.

El segundo volumen es enriquecedor, por dos vías, la historia de las visiones e interpretaciones en torno a la figura de Agustín de Iturbide y los acontecimientos que marcaron la consumación de la independencia, y, por otro, la historia de la prensa, las editoriales, los escritores, que a lo largo de un siglo anotaron e interpretaron los significados y razones, valores, principios y dichos acerca de la consumación de la independencia, teniendo como figura central al mismo Iturbide, lo que también se refiere a las consideraciones que en los ámbitos religiosos, militares, políticos o de la opinión pública y en los ámbitos regionales se dieron, abarcando el porfiriato. Ambos objetivos del volumen son destacadísimos.

La historiografía liberal marginó del discurso y las celebraciones a Agustín de Iturbide y su principal logro como el Plan de Iguala. Desde su asesinato en 1824, las conmemoraciones por la independencia se enfocaron en el 16 de septiembre, en Miguel Hidalgo y los héroes que le siguieron en la insurgencia, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo. Se marginó de cualquier interpretación la fecha de la consumación del 27 de septiembre por estar vinculada a la Iglesia, a la milicia y al libertador máximo Iturbide. Se exaltó al líder insurgente Vicente Guerrero como el actor por excelencia de la Consumación, porque cedió a la insurgencia para la unidad y la conciliación. Esa interpretación se dio durante todo el siglo XIX, más en el siglo XX y parece que ahora sigue lo mismo, incluso en el medio de los historiadores oficiales, divulgadores y académicos. Dice Olveda: “A partir de los años treinta del siglo XIX, los periódicos católicos publicaron cada 27 de septiembre un artículo o un editorial para solemnizar el día de la consumación y convencer a la nación de que había sido engañada por los liberales, al sostener que fue el 16 de septiembre cuando los mexicanos obtuvieron la independencia. Esta tesis fue catalogada como mentira históricay una inconsecuencia deshonrosa para el sentido común”. El volumen se dedica a reproducir todos los artículos y editoriales en la prensa del siglo XIX, que conformaron todo un bagaje de estas consideraciones. El análisis historiográfico es muy importante en esta parte, porque brinda la posibilidad de entender las interpretaciones de cada pieza publicada en el contexto preciso de la fecha emblemática del 27 de septiembre, casi nunca celebrada o conmemorada.

Dice Olveda: “Para la historiografía liberal, Iturbide había falseado la obra de Hidalgo, Morelos y Guerrero, razón por la cual no lo reconocía como libertador ni tampoco admitía el 27 de septiembre, porque no era el día de la victoria, sino del engaño. Para esta corriente, quien identificaba a Iturbide como libertador no podía ser republicano ni demócrata” (volumen 2, p. 19). Parece que en la actualidad persiste esta interpretación dentro de la historiografía oficial, que siguen ciertos académicos y divulgadores, mucho más en el discurso gubernamental tan atrasado de noticias.

Los historiadores católicos, durante buena parte del siglo XIX y por décadas del siglo XX, defendieron su postura. “… los periódicos católicos destacaron que los liberales, envidiosos y resentidos, instituyeron el 16 de septiembre como el día de la independencia con el propósito de arrancarle a Iturbide la gloria de haber sido quien logró la emancipación” (volumen 2, p. 19). Los tres principios del Plan de Iguala se marginaron dentro de las interpretaciones liberales, porque la religión, la unión y la independencia, pertenecían al contexto histórico donde se dieron los planteamientos de este documento elaborado y propuesto por Iturbide, producto, se dice, de la reunión de La Profesa que estimuló la concertación para la conciliación con la insurgencia. Esos principios continuaron siendo materia de debate y polémica incluso dentro de la elaboración de las constituciones, por lo que los autores católicos los mantenían como una gran aportación de Iturbide para la historia nacional. La supresión del Plan en la vida mexicana ocasionó la desunión y polarización de la sociedad mexicana. 

La mayoría de los artículos conmemorativos que compila Olveda en el volumen 2 reflejan la concepción de las diferencias entre los movimientos de Hidalgo y de Iturbide. El primero comandó un movimiento espontáneo, sin orden, violento, de odio; mientras que el segundo buscó la unidad y la conciliación como palestras fundamentales para la estabilidad indispensable para conformar a la patria mexicana, a pesar de que en su momento fue un violento y aguerrido militar. La narrativa entre liberales y conservadores se enfrentó durante todo el siglo XIX, el porfiriato y el México contemporáneo. Ambos personajes se enfrentaron en la historiografía y en el ideario nacionalista de México. La Consumación de la independencia fue un acontecimiento fundacional definitivo, por sus personajes, por sus documentos, por su ideario. A 200 años de lo ocurrido aún se tienen diferencias de interpretación graves. El calendario cívico debía exaltar el 16 y el 27 de septiembre como fechas fundacionales de primera magnitud. Esta demanda que establecían los textos publicados fue constante. Sin embargo, periódicos independientes o de factura republicana, negaron cualquier posibilidad de exaltar al Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba o el Acta de Independencia, mucho menos a la figura de Agustín de Iturbide. Prefirieron exaltar a Vicente Guerrero, porque su cesión y conciliación consistió en entregar a la insurgencia como una aportación para la paz, negando cualquier aportación a Iturbide, quien guardó en sus adentros los intereses de los conservadores. Esta línea de interpretación se continuó en muchos textos publicados. 

El volumen es muy rico, dice el compilador: “Este libro que corresponde al volumen II de la Colección Conmemorativa del Bicentenario de la Consumación de la Independencia que se ha propuesto publicar El Colegio de Jalisco, contiene las notas periodísticas sobre el 27 de septiembre que publicaron los periódicos a lo largo del siglo XIX, los cuales se encuentran en la Hemeroteca Nacional. En estos textos los autores buscaron el reconocimiento de un hecho histórico incontrovertible: que Agustín de Iturbide fue el consumador de la independencia y que la fecha del nacimiento de la nación mexicana fue este día, y no el 16 de septiembre de 1810. También incluye algunos artículos escritos por los liberales que nos transmiten la idea que tuvieron al respecto. Dicho material fue organizado cronológicamente para seguir la secuencia de los argumentos expuestos por sus autores” (vol. 2, p. 33, 34)

Finalmente, la polémica de las fechas cívicas, nos dice Olvera, se cerró en las conmemoraciones de 1921. Iturbide quedó, oficialmente, marginado y ninguneado de la historia a pesar de la consumación reconocida, a pesar de haber sido el actor por excelencia de la unidad, muy a costa de ser el firmante de los principales documentos que dieron certeza al nacimiento de la nación mexicana. El yugo español quedó roto desde entonces. 

El tercer volumen de esta serie sobre la consumación de la independencia, realizado y compilado por Jaime Olveda, se dedica a Agustín de Iturbide. Los textos se refieren a la vida, obra y tiempo del personaje. Fechas conmemorativas de la consumación, pero también de la muerte sangrienta de Iturbide en Padilla, Tamaulipas el 18 de Julio de 1824, y el tema de sus restos guardados en la Catedral de la ciudad de México desde el 25 de septiembre en 1838, luego de una breve estancia en el convento de San Francisco, y que terminaron depositados en definitiva en la Capilla de San Felipe. Ni en el centenario, ni ahora en el bicentenario, la figura de Iturbide ha sido reivindicada en su justa razón. Se le ha culpado de asesino sangriento, de bienhechor de la Iglesia Católica, de actor de un ejército realista que mató a muchos insurgentes, de la violencia desatada en el periodo de insurgencia que abrió Hidalgo y sus huestes, de querer figurar como un emperador exaltando a la monarquía que se rechazó, de ofrecer el trono a un monarca extranjero, de ser un “glorioso” enemigo de México. El Congreso dictaminó su muerte por decreto por si intentaba regresar al país. Al volver, lo asesinaron. Ni muerto, los mexicanos le perdonaron. Así se refiere en infinidad de textos que se publican en este volumen. Las visiones e interpretaciones de la vida de Iturbide se compilan muy bien en esta obra.

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[1]Jaime Olveda, La consumación de la independencia, 3 tomos, México, El Colegio de Jalisco, Siglo XXI editores, 2021. Tomo I, sermones y discursos patrióticos; Tomo II, los significados del 27 de septiembre de 1821; tomo III, Iturbide, el libertador de México.